113. El Sínodo hace además una llamada a los gobiernos africanos para que adopten políticas apropiadas con objeto de promover el crecimiento económico y las inversiones, en vista de la creación de nuevos puestos de trabajo.218 Esto implica el compromiso de promover políticas económicas sanas, estableciendo correctas prioridades para la explotación y distribución de los recursos a veces exiguos, de modo que se provea a las necesidades fundamentales de las personas y se asegure una justa y equitativa distribución de beneficios y obligaciones. Los gobiernos tienen, en particular, el inderogable deber de proteger el patrimonio común contra cualquier forma de despilfarro y de apropiación indebida por parte de ciudadanos sin sentido cívico o de extranjeros sin escrúpulos. A los gobiernos corresponde también emprender adecuadas iniciativas para mejorar las condiciones del comercio internacional.

Los problemas económicos de África se han agudizado por el comportamiento deshonesto de algunos gobernantes corruptos que, en complicidad con intereses privados locales o extranjeros, derrochan en su provecho los recursos nacionales, transfiriendo dinero público a cuentas privadas en bancos extranjeros. Se trata de verdaderos y auténticos robos, sea cual fuere la cobertura legal. Deseo vivamente que los organismos internacionales y personas íntegras de los Países africanos o de otros Países del mundo sepan disponer los medios jurídicos adecuados para hacer volver los capitales indebidamente sustraídos. En la concesión de créditos es importante también asegurarse sobre la responsabilidad y la trasparencia de los destinatarios.219

La dimensión internacional