Carta de los derechos de la familia

46. El ideal de una recíproca acción de apoyo y desarrollo entre la familia y la sociedad choca a menudo, y en medida bastante grave, con la realidad de su separación e incluso de su contraposición.

En efecto, como el Sínodo ha denunciado continuamente, la situación que muchas familias encuentran en diversos países es muy problemática, si no incluso claramente negativa: instituciones y leyes desconocen injustamente los derechos inviolables de la familia y de la misma persona humana, y la sociedad, en vez de ponerse al servicio de la familia, la ataca con violencia en sus valores y en sus exigencias fundamentales. De este modo la familia, que, según los planes de Dios, es célula básica de la sociedad, sujeto de derechos y deberes antes que el Estado y cualquier otra comunidad, es víctima de la sociedad, de los retrasos y lentitudes de sus intervenciones y más aún de sus injusticias notorias.

Por esto la Iglesia defiende abierta y vigorosamente los derechos de la familia contra las usurpaciones intolerables de la sociedad y del Estado. En concreto, los Padres Sinodales han recordado, entre otros, los siguientes derechos de la familia:

a existir y progresar como familia, es decir, el derecho de todo hombre, especialmente aun siendo pobre, a fundar una familia, y a tener los recursos apropiados para mantenerla; a ejercer su responsabilidad en el campo de la transmisión de la vida y a educar a los hijos; a la intimidad de la vida conyugal y familiar; a la estabilidad del vínculo y de la institución matrimonial; a creer y profesar su propia fe, y a difundirla; a educar a sus hijos de acuerdo con las propias tradiciones y valores religiosos y culturales, con los instrumentos, medios e instituciones necesarias; a obtener la seguridad física, social, política y económica, especialmente de los pobres y enfermos; el derecho a una vivienda adecuada, para una vida familiar digna; el derecho de expresión y de representación ante las autoridades públicas, económicas, sociales, culturales y ante las inferiores, tanto por sí misma como por medio de asociaciones; a crear asociaciones con otras familias e instituciones, para cumplir adecuada y esmeradamente su misión; a proteger a los menores, mediante instituciones y leyes apropiadas, contra los medicamentos perjudiciales, la pornografía, el alcoholismo, etc.; el derecho a un justo tiempo libre que favorezca, a la vez, los valores de la familia; el derecho de los ancianos a una vida y a una muerte dignas; el derecho a emigrar como familia, para buscar mejores condiciones de vida.(¹¹²)

La Santa Sede, acogiendo la petición explícita del Sínodo, se encargará de estudiar detenidamente estas sugerencias, elaborando una «Carta de los derechos de la familia», para presentarla a los ambientes y autoridades interesadas.