B. Contexto político y económico

5. Las estructuras económicas de las naciones dependen de los sistemas de comunicaciones contemporáneas. Generalmente se considera necesario para el desarrollo económico y político que el Estado invierta en una infraestructura eficaz de comunicaciones. El aumento de costo de esta inversión ha constituido, por otra parte, un factor de capital importancia que ha llevado a los gobiernos de numerosos países a adoptar políticas que miran a aumentar la concurrencia. Especialmente por esta razón en muchos casos los sistemas públicos de telecomunicaciones y de difusión han sido sometidos a políticas de falta de normativa y de privatización.

Del mismo modo que el mal uso del servicio público puede llevar a la manipulación ideológica y política, así, la comercialización no reglamentada y la privatización de la difusión tiene profundas consecuencias. En la práctica, y frecuentemente de forma oficial, la responsabilidad pública del uso de las ondas está infravalorada. Se tiende a evaluar su éxito en función del beneficio y no del servicio. Los motivos de beneficio y los intereses de los anunciantes ejercen una influencia anormal sobre el contenido de los medios de comunicación: se prefiere la popularidad a la calidad y uno se alinea en el mínimo común denominador. Los anunciantes, traspasando su legítimo papel, que consiste en identificar las verdaderas necesidades y responder a ellas, empujados por motivos mercantiles, se esfuerzan por crear necesidades y modelos artificiales de consumo.

Las presiones comerciales se ejercen igualmente más allá de las fronteras nacionales con perjuicio para ciertos pueblos y su cultura. Ante el aumento de la competencia y la necesidad de encontrar nuevos mercados, las empresas de comunicaciones revisten un carácter cada vez más «multinacional»; la carencia de recursos locales de producción provoca al mismo tiempo que algunos países dependan cada vez más de naciones extranjeras. Así es como la producción de ciertos medios de comunicación populares, característicos de una cultura, se difunden en otra, frecuentemente con detrimento de formas artísticas y de medios de comunicación que se encuentran en ellas y de los valores que contienen.

La solución de los problemas nacidos de esta comercialización y de esta privatización no reglamentadas no siempre reside en un control del Estado sobre los medios de comunicación, sino en una reglamentación más importante, conforme a las normas del servicio público, así como en una responsabilidad pública mayor. Hay que destacar, a este respecto, que si los causes jurídicos y políticos en los que funcionan los medios de comunicación de ciertos países están actualmente en franca mejora, hay otros lugares en los que la intervención gubernamental es un instrumento de opresión y de exclusión.