28. Autoridad pública. Los legisladores, los encargados de la administración del Estado y de la justicia están llamados a dar una respuesta al problema de la pornografía y de la violencia sádica difundidas por los medios de comunicación. Se han de promulgar leyes sanas, se han de clarificar las ambiguas y se han de reforzar las leyes que ya existen.

Dadas las implicaciones internacionales que presentan la producción y distribución de material pornográfico, hay que actuar a nivel regional, continental e internacional de cara a controlar con éxito este insidioso tráfico. Quienes han tomado ya iniciativas de este tipo merecen todo nuestro apoyo y estímulo(⁷).

Las leyes y los agentes de la ley tienen el deber sagrado de proteger el bien común, especialmente el que concierne a la juventud y a los miembros más vulnerables de la comunidad.

Ya hemos señalado algunos de los efectos negativos de la pornografía y la violencia. Cabe sacar también la conclusión de que se pone en tela de juicio y amenaza el bien común especialmente cuando este material se produce, expone y distribuye sin restricciones ni reglamentos.

La autoridad civil está obligada a emprender una rápida acción de cara al problema, allí donde exista, y a emanar criterios preventivos en donde la cuestión comience a plantearse o todavía no haya llegado a ser angustiosa y urgente.