Llevar a cabo una política laboral justa

40. La tutela de los derechos humanos que provienen de la actividad laboral es otra línea de acción fundamental que la doctrina social de la Iglesia presenta para asegurar una correcta actuación del derecho de propiedad privada de la tierra. Dadas las relaciones que vinculan el trabajo a la propiedad, éste representa un medio de importancia crucial para garantizar el destino universal de los bienes.

Los poderes públicos,(⁴⁴) tienen pues el deber de intervenir para que estos derechos sean respetados y realizados siguiendo tres líneas de acción:

a) fomentar las condiciones que aseguren el derecho al trabajo;(⁴⁵)

b) garantizar el derecho a una remuneración del trabajo justa;(⁴⁶)

c) tutelar y promover el derecho de los trabajadores de formar asociaciones, que tengan como finalidad la defensa de los derechos de los trabajadores.(⁴⁷) El derecho a asociarse representa, en efecto, la condición indispensable que permite alcanzar un equilibrio en las relaciones de poder de contratación entre los trabajadores y los empresarios y para garantizar, por lo tanto, el desarrollo de un buen diálogo entre las partes sociales.