1. 4. Intervenciones legislativas de la Iglesia en el tema de los museos eclesiásticos

La legislación del Estado Pontificio de comienzos del siglo XIX sobre el tema de la tutela y conservación de las antigüedades y de las obras de arte confirma las disposiciones precedentemente pronunciadas por los diversos Pontífices a partir del siglo XV, encaminadas a limitar la destrucción de los monumentos de la época romana y la dispersión de las obras clásicas. Esta legislación, además, contiene ideas modernas e innovadoras con respecto a los museos. El célebre Quirógrafo de Pío VII del 1 de octubre de 1802 afirma que las instituciones estatales competentes al respecto deben "procurar que los monumentos, y las bellas obras de la antigüedad (...), se conserven como los verdaderos prototipos, y ejemplares de la belleza, religiosamente y para instrucción pública, y se aumenten aún con el descubrimiento de otras rarezas"¹². Incluso podemos encontrar, en la base de los principios de inalienabilidad e inamovilidad de los confines del Estado, de los restos arqueológicos y de gran parte de las demás obras de arte, el concepto de su utilidad pública con el fin de la instrucción. Como consecuencia, surge la decisión de utilizar fondos públicos -a pesar de las restricciones de aquellas épocas- para "la adquisición de las cosas interesantes en aumento en nuestros museos; seguros de que el gasto dirigido a la promoción de las bellas artes viene compensado largamente por las inmensas ventajas que de ellos extraen los súbditos y el Estado".¹³

Las prescripciones del siglo XX de la Santa Sede en materia de museos van dirigidas a los obispos de Italia, pero por analogía pueden ser consideradas válidas para la Iglesia universal. Generalmente estas prescripciones no se refieren exclusivamente a las instituciones museísticas, sino que se insertan en un contexto más amplio, que comprende también los archivos, las bibliotecas y la totalidad del arte sacro, según una perspectiva que considera el bien cultural también bajo el aspecto pastoral. Al respecto, es oportuno recordar la carta circular de la Secretaría de Estado, del 15 de abril de 1923, que sugiere "fundar (...), donde no exista ya, y organizar bien un museo diocesano en el obispado o en la catedral"¹⁴. También se debe hacer referencia a la segunda carta enviada por el cardenal Pietro Gasparri del 1 de septiembre de 1924. En ella, al notificar a los obispos italianos la constitución de la Pontificia Comisión Central para el Arte Sacro en Italia, dispone la constitución en cada diócesis de comisiones diocesanas (o regionales) para el arte sacro, cuya función será, entre otras, "la formación y la ordenación de los museos diocesanos"¹⁵.
Análogas disposiciones fueron emanadas por la Congregación del Concilio en las Disposiciones del 24 de mayo de 1939¹⁶, donde se indica como finalidad de estas instituciones la conservación de las obras que de otro modo estarían destinadas a la dispersión. La misma Pontificia Comisión Central antes mencionada redactó en aquellos años, en colaboración con las instituciones estatales, una serie de directrices destinadas a las diócesis italianas para la creación y la gestión de los museos diocesanos¹⁷.

La que sí tiene valor universal es la carta circular de la Congregación para el clero a los presidentes de las Conferencias episcopales, del 11 de abril de 1971, que dispone la conservación en un museo diocesano o interdiocesano de aquellas "obras de arte y tesoros" que ya no se utilicen como consecuencia de la reforma litúrgica¹⁸.

Por el contrario, ni el Código de derecho canónico de 1917, ni el de 1983, así como el Código de cánones de las Iglesias orientales mencionan los museos, aunque son muy claras las llamadas a la tutela y conservación del patrimonio artístico e histórico¹⁹.

Que la Iglesia haya llegado a considerar el museo como una institución cultural y pastoral a todos los efectos, del mismo modo que los más consolidados archivos y bibliotecas, es algo ya consabido y que emerge claramente en la constitución apostólica de 1988. Con ella se instituyó esta Comisión Pontificia, disponiendo que cooperase con las Iglesias particulares y con los organismos episcopales para la constitución de museos, archivos y bibliotecas, de modo que "se lleve a cabo adecuadamente la recogida y la custodia de todo el patrimonio artístico e histórico en todo el territorio, de forma que esté a disposición de todos los que tengan interés en ello"²⁰.