El pueblo de su país ya ha logrado mucho en la difícil pero
gratificante tarea de asegurar coherencia y estabilidad social. El desarrollo
auténtico requiere un plan nacional coordinado de progreso que realice las
legítimas aspiraciones de todos los sectores de la sociedad y del que se
responsabilicen los líderes políticos y civiles. La historia humana nos enseña
repetidamente que, para que estos programas lleven a cabo un cambio positivo y
duradero, deben basarse en la protección de los derechos humanos, incluidos los
de las minorías étnicas y religiosas, el ejercicio de un gobierno responsable y
transparente, y el mantenimiento de la ley y el orden mediante un sistema
judicial imparcial y una fuerza de policía honrada. Sin estos fundamentos, la
esperanza de un verdadero progreso se desvanece.